QUITO, 29 jun (IPS) - El gobierno de Ecuador reclamó este martes a Colombia, por tercera vez en ocho meses, amplias y completas informaciones sobre el supuesto espionaje telefónico cometido contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

El pedido fue hecho al encargado de Negocios de Colombia. Ricardo Montenegro, mediante una enérgica "nota verbal". Se trata del tercer reclamo de informaciones a Colombia sobre la "operación Salomon", confirmó a IPS en exclusiva el vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas.

En esta ocasión, el pedido tiene un sentido de urgencia ante la revelación periodística de que agentes colombianos habrían interceptado, desde marzo de 2008, las comunicaciones telefónicas de Correa, de su entorno, así como de altos mandos militares, de políticos y periodistas.

"El conflicto interno colombiano ya había saltado la frontera, pero ahora es mucho más grave, porque si se comprueban las denuncias implicaría que dicho conflicto ha llegado hasta la casa presidencial del Ecuador. Y, además, movido por altas esferas de Colombia", agregó Lucas.

Los computadores de Raúl Reyes El presidente Correa había condicionado la normalización de las relaciones con Colombia a que fueran entregados a la justicia de su país los computadores del fallecido guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. En realidad se trata de una copia espejo, es decir tomada por métodos forenses especializados. Entre las seis de la mañana del sábado 1 de marzo de 2008 y las 11:45 del lunes siguiente, los computadores que supuestamente fueron incautados en el campamento del guerrillero en territorio de Ecuador no estuvieron sujetos a cadena de custodia, ni su contenido fue abordado de acuerdo a las normas de informática forense. Durante dos y días y medio permanecieron encendidos y conectados ininterrumpidamente a otro equipo. Aunque Interpol aseguró en su informe público sobre esos equipos que no fue alterado el contenido de ningún archivo, también indicó que el manejo inicial contrario a las normas técnicas "puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales". Desde el ataque al campamento, las autoridades colombianas divulgaron contenidos, que atribuían a los computadores, implicando a figuras públicas de ese país y a gobiernos vecinos en presuntos vínculos con las FARC. La fiscalía colombiana no tiene ni un correo electrónico proveniente de esos computadores, ni tampoco una sola dirección IP. Dispone solamente de una serie de documentos en el procesador de textos Word, de los cuales 150 fueron remitidos a Quito. Los fiscales concluyeron que todos esos documentos fueron generados el mismo día, a la misma hora y en el mismo segundo. Para el abogado colombiano Jorge Molano, defensor en varios casos relacionados con la incautación, "si esto es así, Raúl Reyes lo único que hacía era dedicarse a los computadores, además con gran magia, pues tenía la capacidad de generar, crear y modificar más de 150 archivos en menos de un segundo".

Colombia vive desde 1964 una guerra interna que frecuentemente desborda los límites nacionales, con incursiones de actores armados en países vecinos y un flujo continuo de refugiados, la mayoría a Ecuador.

El supuesto espionaje fue revelado el lunes por el diario El Universo de Guayaquil, basado en una fuente a la que identificó como un "agente de contrainteligencia colombiano del DAS", siglas del Departamento Administrativo de Seguridad, adscripto a la Presidencia de Colombia.

Este operativo se habría iniciado en marzo de 2008, después de la ruptura de relaciones entre los dos países a raíz del bombardeo colombiano del 1 de ese mes a un campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, en el que resultó muerto el portavoz internacional de esa guerrilla, "Raúl Reyes", entre otras personas.

Ya en octubre de 2009, en una reunión del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, y su par colombiano, Jaime Bermúdez en la norteña población Cotacachi, se había pedido a Bogotá información sobre el operativo encubierto, dijo Lucas. El encuentro se celebró como parte de los esfuerzos para normalizar las relaciones entre los dos países.

Los primeros datos se conocieron por denuncias de ex integrantes del DAS, recogidas por la fiscalía colombiana en su investigación de un amplio operativo ilegal que incluyó escuchas, seguimientos, sabotajes y amenazas a políticos, magistrados, periodistas y activistas de Colombia y que, como muestra el caso ecuatoriano, no se habría restringido a las fronteras nacionales.

El 21 de mayo de este año, el propio Lucas despachó una nota escrita reclamando más información, a propósito de un vídeo aparecido en la televisión colombiana con nuevas denuncias sobre las actividades del DAS.

"Nunca nos respondieron. Ahora aparecen estas nuevas denuncias, así que estamos insistiendo de manera mucho más enérgica", dijo Lucas.

Este giro se da cuando se iba a retomar la discusión de "temas sensibles", como paso previo a la completa normalización de las relaciones con el nombramiento de embajadores.

El vicecanciller aceptó que "teníamos temas sensibles que sortear, y en el medio surgen estas denuncias. Esto pone una traba a la buena voluntad con que emprendíamos esta nueva etapa, y no viene de nosotros".

Por eso, dijo, "esperamos del gobierno de Colombia que nos dé información completa. No basta que el DAS lo niegue, sino que demuestre con toda la buena voluntad lo acontecido".

Quito esperaría recibir toda la información que sobre la operación Salomon tienen instituciones colombianas como la fiscalía, el propio DAS, y la policía, entre otras.

El fiscal general del Estado ecuatoriano, Washington Pesántez, abrió el lunes una investigación sobre el supuesto espionaje. Lucas confirmó que, como parte de ese proceso, se solicitarán datos a la fiscalía colombiana.

"Esperamos que el gobierno de Colombia ayude positivamente a que la fiscalía entregue dicha información. Queremos saber si esos nombres que aparecen en las denuncias son reales", añadió.

El DAS negó el lunes que hubiera intervenido los teléfonos del presidente Correa y de cualquier otra autoridad ecuatoriana.

La fuente del diario guayaquileño puntualiza que los listados telefónicos fueron proporcionados por efectivos de la fuerza pública ecuatoriana, sobornados por agentes colombianos.

Las operaciones se realizaban desde dos apartamentos alquilados en el centro de Quito, sede del palacio presidencial, y uno en el norte de la ciudad, todos alquilados por empresas de fachada.

Tanto el ministro de Defensa, Javier Ponce, como el de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, consideraron "muy grave" la denuncia.

Según El Universo, en una declaración de mayo de 2009, el agente colombiano John Jairo Jiménez Rojas reveló que para la operación Salomon también se consiguieron informantes a sueldo en los consulados ecuatorianos en Colombia y se reclutó a oficiales policiales de Ecuador.

En 2008, sostiene el periódico, "conoció por otras fuentes del DAS que entre los informantes ecuatorianos había periodistas cuyo trabajo clandestino era pagado con fondos secretos del grupo ‘Somos Andina’, formado por detectives de contrainteligencia que también operaban en Venezuela".

* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá). (FIN/2010)

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