SANTIAGO, 29 jul (IPS) - La controvertida propuesta de indulto por razones humanitarias a ciertos condenados en Chile, formulada por la Iglesia Católica y acogida parcialmente por el presidente Sebastián Piñera, puso de nuevo en debate las deudas del país en materia de derechos humanos del pasado y el presente.

En Chile se han implementado "políticas e iniciativas que promueven el respeto de los derechos humanos, pero éstos aún no son parte de nuestra convivencia diaria", resumió a IPS Lorena Fríes, flamante directora del Instituto de Derechos Humanos, una corporación autónoma de derecho público creada por ley en diciembre de 2009.

En la última semana, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura (1973-1990) del general Augusto Pinochet, fallecido en 2006, han vuelto al primer plano público por el denominado "Indulto Bicentenario" propuesto el 21 de este mes al derechista Piñera por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

Por separado, las iglesias evangélicas también presentaron una solicitud similar.

En el marco de la celebración de los 200 años de la independencia de Chile, la jerarquía católica local sugirió reducir o conmutar penas a condenados y condenadas mayores de 70 años, mujeres con hijos menores de 18 años y enfermos terminales, entre otros presos con buena conducta y que no sean un peligro para la sociedad.

Después del rotundo rechazo que generó esta iniciativa entre familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos del régimen pinochetista, los obispos precisaron que la iniciativa excluía a personas involucradas en crímenes contra la humanidad.

Piñera rechazó aplicar un "indulto general", pero se abrió a estudiar "caso por caso". No obstante, descartó liberar por clemencia a militares, así como a otros sentenciados por delitos graves, decisión valorada positivamente por diversos actores, que pidieron transparencia en el proceso.

La dictadura dejó 3.000 muertos, entre ejecutados y desaparecidos, además de casi 30.000 torturados. En la actualidad hay cerca de 600 represores procesados y aproximadamente 200 condenados, 65 de los cuales cumplen prisión efectiva en centros que cuentan con una serie de privilegios.

A pesar de los avances que se reconocen en esta materia, abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, facultado para iniciar y hacerse parte de causas por desapariciones forzadas y ejecuciones políticas, han criticado la "prescripción gradual" aplicada últimamente por la Corte Suprema de Justicia para bajar las penas establecidas por los jueces de primera y segunda instancia.

Esto "nos parece una forma de justicia transicional impuesta, una reconciliación expropiada a las víctimas", que además "infringe las obligaciones internacionales de sancionar" de forma proporcional a los delitos, dijo este jueves a corresponsales de cinco agencias internacionales, entre ellas IPS, la abogada de ese Programa, Karinna Fernández.

A su juicio, se ha registrado una "involución" en los últimos años. "Entre 2006 y 2007, cuando hubo penas justas, las causas avanzaron importantemente", aseguró. "La actual situación, donde se deja en libertad a todos los responsables y no se les castiga efectivamente, ha significado un retroceso en las investigaciones", acotó.

"Cualquier medida que afecte una sanción condenatoria, como la libertad vigilada, la remisión condicional de la pena o los indultos, genera que el agente infractor de estos crímenes no quiera dar información porque no tiene nada que arriesgar", planteó la jurista. Esto sin contar el efecto de "revictimización" que sufren las personas que exigen justicia.

Fernández dio algunos ejemplos: el ex director del Comando Conjunto, el general retirado Enrique Ruiz Bunge, tiene cuatro condenas como autor de homicidio, pero fue dejado en libertad, y el también general retirado Sergio Arellano Stark, sentenciado por dirigir la llamada Caravana de la Muerte, "está en su casa al cuidado de su hijo".

En tanto, el coronel retirado Hugo Cardemil, condenado por 28 secuestros y la sustracción de un menor, recibió sólo cuatro años de pena, criticó.

Fernández también llamó al actual gobierno derechista, que asumió el 11 de marzo, a mejorar el diálogo con los 13 abogados que conforman el Programa de Derechos Humanos, contratados en las precedentes administraciones de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó Chile desde la reapertura democrática en 1990.

Algunos funcionarios designados por Piñera criticaron la eficiencia del trabajo de los juristas, luego de que éstos citaran a declarar en dos causas al ex comandante en jefe del ejército y actual subsecretario de Defensa, general retirado Óscar Izurieta, y al actual embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, como testigo e inculpado, respectivamente.

En el marco del debate por el indulto, la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Acción, y Amnistía Internacional llamaron nuevamente a derogar el decreto de ley de Amnistía, emitido por Pinochet en 1978, que prohíbe procesar a los involucrados en ciertos crímenes cometidos entre el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, y el 10 de marzo de 1978.

Aunque esta legislación no es aplicada en la práctica por los jueces, no se ha derogado, como obliga una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Este mismo jueves, la Comisión Ética contra la Tortura, surgida en 2001 y que agrupa a diversas organizaciones, denunció el "recrudecimiento del abuso policial y la aplicación de tortura con resultado de muerte". Según las acusaciones, en los últimos dos años cuatro jóvenes habrían muerto producto de golpizas de efectivos de Carabineros (policía uniformada).

"Los carabineros hoy se sienten con toda la libertad de matar gente inclusive delante de decenas de testigos", denunció Susana Aguilar, madre del arquitecto Mario Oviedo, muerto en 2009, puesto que los casos son vistos por la justicia militar, que actúa como juez y parte.

"Pedimos que se apliquen los tratados y las resoluciones internacionales respecto a la tortura y que se termine la jurisdicción de la justicia militar en casos de civiles", dijo a IPS Hervi Lara, coordinación de la Comisión.

Mandatado para sugerir legislaciones y políticas, el Instituto de Derechos Humanos tiene el reto de "lograr que todos, autoridades y ciudadanos y ciudadanas, nos rijamos por un mismo código, que es el respeto y garantías de derechos para todos y todas", planteó a IPS Fríes, quien asumió su cargo el 20 de este mes.

Además de tratar los atropellos de la dictadura de Pinochet, el Instituto verá las recomendaciones hechas a Chile por organismos internacionales, "que son básicamente sobre no discriminación a grupos como pueblos indígenas, minorías sexuales y mujeres", concluyó. (FIN/2010)

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